«La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos», explicó la central obrera.
La Confederación General del Trabajo (CGT), obrera emitió un informe al respecto de funcionamiento del sistema de obras sociales, que se encuentra en la mira tras la fragmentación de IOSFA (correspondiente a las Fuerzas Armadas) y el PAMI.
En su comunicado, la CGT entendió que existe «una crisis grave», a la que calificó como «casi terminal, por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos». «La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos», explicaron.
Luego de enumerar que existen obras sociales dadas de baja (industria del fósforo), algunas «en crisis» (construcción y pesca) y otras intervenidas (trabajadores rurales y ladrilleros), detalló que el 67% de los beneficiarios de las obra sociales nacionales (más de 9 millones de trabajadores) se encuentra por debajo del promedio de aportes, establecido en $67.525. Más allá de eso, estiman que el valor del plan médico obligatorio ronda los $85.000 por afiliado, lo que explica que las obras sociales de los gremios «no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones».
Este estado de situación repercute en que «se resiente la cadena de pagos a prestadores, que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados».
Asimismo, se refirieron al «agujero financiero que nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema es un 290% inferior al costo del plan médico obligatorio». A esa población se le suma la de jubilados, por la que la gestión sindical recibe del PAMI $48.629, cuando la recaudación orbita los $159.000. «Por esa diferencia no contrapresta ningún servicio», remataron.
Hospitales públicos y medicamentos en la mira
El informe también pone el foco en la «distorsión» que genera la facturación de los hospitales públicos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El trabajo denuncia que estos centros utilizan nomencladores con valores superiores a los privados y que realizan prácticas programadas sin autorización previa de la obra social, judicializando luego los cobros.
Finalmente, el acceso a los fármacos muestra un retroceso histórico: entre 2018 y 2023, la capacidad de compra de medicamentos ambulatorios de los afiliados se redujo un 49%, una tendencia de deterioro que no se ha revertido hasta la actualidad.
